Desde el 29 de abril de este año está en vigor tal nueva Ley , que eleva a rango de Ley algunos de los preceptos del Real Decreto 925/1995, de 9 de julio, reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales que coexiste con la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de financiación del terrorismo.

La presente Ley menciona como sujetos obligados tales como auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, abogados, procuradores y otros que  por su labor profesional colaboren en la constitución de sociedades, pongan a disposición de las autoridades pertinentes domicilios fiscales y/o sociales, direcciones postales administrativas y otros similares.

Por lo que a los profesionales atañe, el art. 3 dice que estarán obligados a identificar acuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio en cualesquiera operaciones” y en el art. 4 ”…los sujetos obligados identificarán al titular a fin de comprobar su identidad con carácter previo a las relaciones de negocio … y recabarán información para determinar si los clientes actúan por cuenta propia o de terceros”.

Tambien leemos que “los sujetos obligados estarán en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo…

Se hace tambien una mención a las operaciones vinculadas, con el fin de que los obligados detecten tales operaciones de blanqueo a través de este tipo de operaciones.  Art. 18, “relación con las operaciones vinculadas, deberán constatar: fechas, transacciones, monedas, lugares, etc.

Todo sin perjuicios para los abogados de guardar el secreto profesional de conformidad con la legislación vigente, si bien habrá que esperar a la publicación del Reglamento para ver si el mismo introduce nuevos matices a esta Ley.

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