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Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. R.D.L., 8/2011, de 1 de julio

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. R.D.L., 8/2011, de 1 de julio
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Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Vemos casi a diario en la tele, familias que han perdido su vivienda por no poder pagarlas, en gran parte por firmar hipotecas desorbitadas y/o abusivas. La ley intentará aliviarles un mínimo, y posibilitar la superación a corto plazo de su situación económica. Para ello, el presente real decreto-ley 08-2011, que entra en vigor mañana (salvo lo referente a la inspección técnica de edificios, art. 21, el 07-07-2012), incluye dos grupos de medidas fundamentales:

  • Para los ciudadanos más vulnerables, (aquellos con cargas familiares), se eleva el umbral de inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado.
  • Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que en caso de producirse una ejecución hipotecaria por impago, los deudores recibirán una contraprestación adecuada por el inmueble, que les permita anular o reducir al máximo la deuda remanente.

En resúmen, se trata de un conjunto de medidas vinculadas a:

  • Protección de los deudores hipotecarios.
  • Control del gasto público y la garantía de pago de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas.
  • Impulso de la actividad empresarial.
  • Desarrollo de las actuaciones de rehabilitación.
  • Incremento de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.
  • Eliminación de obstáculos injustificados derivados de la actividad administrativa.

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