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Instituciones de Inversión Colectiva. Ley 31/2011, de 4 de octubre de 2011.

Instituciones de Inversión Colectiva. Ley 31/2011, de 4 de octubre de 2011.
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Reforma del sistema bancario Wasesores.com

Entre otros aspectos, la Ley 31/2011, de 4 de octubre, que modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, viene a corregir el funcionamiento del maltrecho mundo financiero, que no gana para cracks: (Atención: Este contenido puede herir e irritar la sensibilidad de contratantes de fondos de inversión…).

  • Habilitación de las sociedades gestoras españolas para gestionar fondos domiciliados en otros Estados miembros, y viceversa, es decir, que las sociedades gestoras de otros Estados miembros podrán gestionar fondos españoles.
  • Refuerzo de la protección del inversor frente a las sociedades gestoras y a sus derechos de información.
  • Reformas destinadas al aumento de la competitividad del sector, a través de una mayor apertura a escala europea y habilitando la posibilidad de utilizar cuentas globales para la comercialización en España de fondos domiciliados en nuestro país.
  • Introduce mecanismos adicionales para facilitar y reforzar la actividad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
  • Mejoras técnicas en aras a lograr una mayor seguridad jurídica que facilite las transacciones económicas.
  • Cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales vía incorporación de Derecho de la Unión Europea
  • Habilitación al Gobierno para el desarrollo reglamentario.
  • Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos que hayan concluido a partir de 21 de diciembre de 2007, se modifica el apartado 5 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:

5. Cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos propios de entidades no residentes en territorio español, cuyas rentas puedan acogerse a la exención establecida en el artículo 21 de esta Ley, el importe de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y el patrimonio neto de la entidad participada a la fecha de adquisición, en proporción a esa participación, se imputará a los bienes y derechos de la entidad no residente en territorio español, aplicando el método de integración global establecido en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de la diferencia que no hubiera sido imputada será deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe, salvo que se hubiese incluido en la base de la deducción del artículo 37 de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido con la normativa contable de aplicación.

La deducción de esta diferencia será compatible, en su caso, con las pérdidas por deterioro a que se refiere el apartado 3 de este artículo.

La deducción establecida en este apartado no será de aplicación a las adquisiciones de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades no residentes en territorio español, realizadas a partir de 21 de diciembre de 2007, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 1 de la Decisión de la Comisión Europea de 28 de octubre de 2009 y en el apartado 3 del artículo 1 de la Decisión de la Comisión de 12 de enero de 2011, relativas a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras, asunto C-45/2007, respecto a las adquisiciones relacionadas con una obligación irrevocable convenida antes del 21 de diciembre de 2007.

No obstante, tratándose de adquisiciones de valores que confieran la mayoría de la participación en los fondos propios de entidades residentes en otro Estado no miembro de la Unión Europea, realizadas entre el 21 de diciembre de 2007 y el 21 de mayo de 2011, podrá aplicarse la deducción establecida en este apartado cuando se demuestre la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones de negocios transfronterizos, en los términos establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión de 12 de enero de 2011.

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